A lo largo de los últimos años, los medios de comunicación independientes han ido poniendo sobre la mesa una catarata de evidencias que demuestran que las investigaciones oficiales del 11-M no son otra cosa que una inmensa y grosera manipulación: pruebas destruidas, pruebas falsificadas, pruebas ocultadas, culpables imposibles... No hay aspecto del 11-M al que miremos, que no lleve en su cara el sello de la irregularidad policial o judicial.
Al principio, los defensores de la versión oficial optaron por ridiculizar las investigaciones de los medios independientes. Después, a medida que las evidencias de falsificaciones se acumulaban, pasaron a intentar ningunear a esos medios. Ahora, cuando ya la montaña de irregularidades constatadas es tan grande que no se puede ocultar a la vista, se refugian cada vez más en la cantinela de que el 11-M es cosa juzgada.
Pero una media verdad es la peor de las mentiras posibles.
El 11-M es cosa juzgada, sí, pero la instrucción del sumario y el juicio fueron una auténtica farsa. Mientras duró la instrucción, el juez Del Olmo mantuvo el sumario bajo secreto, impidiendo a las víctimas conocer los detalles de las investigaciones y pedir diligencias de prueba. Ahora entendemos por qué se hizo eso: porque todo el sumario no es más que una inmensa mentira, basada en la destrucción y ocultación de las pruebas reales y su sustitución por otras pruebas demostrablemente falsas.
Pero eso quiere decir que se manipuló a las víctimas de la masacre, que se las impidió ejercer su derecho a participar en las investigaciones, que se precocinó una versión falsa de los hechos sin permitir a las acusaciones cuestionar esa versión y buscar a los verdaderos culpables.
¿Es moralmente lícito hablar de cosa juzgada en esas condiciones?
No hay ni una sola prueba fundamental del caso que no sea fraudulenta, desde la mochila de Vallecas a la furgoneta de Alcalá, pasando por el famoso coche Skoda Fabia o el siniestro episodio de Leganés.
¿Es racionalmente admisible hablar de cosa juzgada en esas condiciones?
Escenarios del crimen que se desguazan con pasmosa rapidez. Presuntos suicidas a los que no se les hace autopsia. Informes de análisis de explosivos que se ocultan. Actas de recogida de muestras que no se adjuntan al sumario.
¿Es argumentalmente defendible hablar de cosa juzgada en esas condiciones?
Explosivos que aparecen sin que los perros policía sean capaces de olerlos. Documentos que se falsifican. Evidencias que surgen de la nada en dependencias policiales. Testigos que reciben cuantiosas sumas de dinero por reconocer a quien antes no reconocían.
¿Es lógicamente sostenible hablar de cosa juzgada en esas condiciones?
Jueces que mienten a las víctimas. Abogados de oficio obligados a leerse 150.000 folios de un sumario en escasos días. Medios de comunicación dispuestos a machacar a la opinión pública con consignas irracionales. Informaciones exculpatorias de los condenados que se hurtan al juez. Confidentes que se prestan a hacer el paripé en la causa. Intoxicaciones a granel para embarullar el sumario.
¿Es democráticamente tolerable hablar de cosa juzgada en esas condiciones?
Lo siento, pero no puede haber cosa juzgada allí donde la Justicia no ha sido más que una burla, una vulgar imitación formal de la Justicia verdadera.
Quien se refugie en la formalidad de la cosa juzgada para negar la Justicia a las víctimas del 11-M, estará cometiendo la misma indignidad que aquellos que mantuvieron cinco años más en la cárcel a Theodore Marcinkiewicz, después del indulto de Joseph Majczek, alegando simplemente que su injusta condena era... una cosa juzgada.
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